Servicio de ayuda a domicilio del sistema para la autonomía y atención a la dependencia

Según pliego

Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en curso de los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el/la destinatario/a, público o privado, de los mismos. Se acreditará mediante: certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando la destinataria sea una entidad del sector público; cuando la destinataria sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración de la persona empresaria acompañado de los documentos obrantes en poder de la misma que acrediten la realización de la prestación. Disponer de Certificación de acreditación de entidad prestadora del SAD por parte de la Junta de Andalucía, según lo dispuesto en la Orden 15 de noviembre de 2007 de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Se acreditará mediante: Documento acreditativo de entidad prestadora del SAD expedido/ sellado por la Junta de Andalucía.

Volumen anual de negocios

Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario/a y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al 50% del valor anual estimado del contrato. Se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el/la empresario/a estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los/as empresarios/as individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera de la persona empresaria.