Contrato de servicios consistente en la Ayuda a Domicilio en la Provincia de Ávila"

Experiencia en trabajos similares

La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la relación de los principales Servicios de Ayuda a Domicilio realizados en los últimos 3 años, exigiéndose que, en al menos uno de ellos, se haya alcanzado el importe de la anualidad media del contrato, es decir, 8.622.120,96€ (IVA excluido). En la referida relación deberá incluirse importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los servicios prestados. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante: - Certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; - Cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañada de los documentos obrantes en poder del mismo que acredite la realización de la prestación

Volumen anual de negocios

Las empresas licitadoras deberán acreditar la solvencia económica y financiera, justificando un volumen anual de negocios en la actividad de ejecución de servicios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos (o desde la fecha de inicio de actividad de la empresa si es menor) por importe igual o superior a 8.622.120,96€ (IVA excluido). La acreditación de este requisito se realizará como regla general mediante la aportación del resumen de la declaración del IVA presentada a Hacienda (modelo 390). Cuando el licitador sea una entidad que no esté obligada a realizar declaración de IVA, esa cifra deberá reflejarse en las cuentas anuales de la entidad de los tres últimos ejercicios, aprobadas por el órgano competente, e inscritas, en su caso, en el Registro público correspondiente. De conformidad con el art. 86.1 de la LCSP, cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado. En el caso de no quedar suficientemente clara la solvencia económica o financiera con los documentos aportados, el órgano de contratación se reserva la posibilidad de requerir a los licitadores que presenten nueva documentación complementaria.