Suministro de un Exoesqueleto Pediátrico para el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario Río Hortega.

Según pliego

Art. 89.1 a) LCSP Relación de los principales suministros realizados en los últimos tres años, que sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, atendiendo a tal efecto a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos CPV, indicando su importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. El importe anual que el empresario deberá acreditar en el año de mayor ejecución de servicios será igual o superior a 123.690 €, IVA excluido.

Volumen anual de negocios

Art. 87.1 a) LCSP. Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de la fecha de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a 265.050 €. Esta solvencia se acreditará mediante certificación, nota simple o información análoga expedida por el Registro y que contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido el plazo de presentación y se encuentren depositadas. Si el último ejercicio se encontrara pendiente de depósito deberán presentarlas acompañadas de la certificación de su aprobación por el órgano competente para ello y de su presentación en el registro. La elección del medio indicado para acreditar la solvencia económica y financiera, viene motivada porque el volumen anual de negocios, se considera el más apropiado para el objeto de este contrato y presupone que el licitador dispone de la liquidez necesaria que pueda garantizar, desde el punto de vista económico, la ejecución del contrato.