Servicio de prevención familiar de las conductas adictivas: 11 programas de prevención familiar universal Moneo, 4 talleres de prevención selectiva para padres y tutores de menores en peñas festivas y 2 programas de ocio familiar compartido.

Personal técnico

La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse, de acuerdo con lo establecido en el art. 90.1.b) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, conforme al siguiente detalle: Un/a Coordinador/a e implementador que servirá de enlace con la oficina del PMSD y también de la captación de usuarios, la organización, ejecución y evaluación. Deberá poseer una de las siguientes titulaciones universitarias: psicología, pedagogía, sociología, medicina, magisterio, trabajo social, educación social o enfermería, y contar con experiencia en el trabajo con familias, adolescentes y grupos. Además de la titulación universitaria exigida, como mínimo, deberá acreditar el curso de formación sobre el Programa Moneo. En relación a los criterios de solvencia técnica para las empresas de nueva creación, entendiendo por tal aquellas que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se entenderá acreditada de acuerdo con lo señalado en el artículo 90.1.b) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, siendo de aplicación el criterio de solvencia técnica señalado con carácter general en los párrafos anteriores.

Volumen anual de negocios

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse, de acuerdo con lo establecido en el art. 87.1.a) de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, mediante la cifra anual de negocios en la actividad de ejecución del servicio, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos (o desde la fecha de inicio de actividad de la empresa si es menor), por un importe mínimo de 20.000 euros anuales. La acreditación de este requisito se realizará, como regla general, mediante la aportación del resumen de la declaración del IVA presentada a Hacienda (modelo 390). Cuando el licitador sea una entidad que no esté obligada a realizar declaración de IVA, ese porcentaje deberá reflejarse en las cuentas anuales de la entidad de los tres últimos ejercicios, aprobadas por el órgano competente, e inscritas, en su caso, en el Registro público correspondiente.