Concesión demanial sobre parcela municipal para la construcción y explotación de una residencia y unidad de estancia diurna para mayores

Según pliego

se acreditará (arts. 90 y 91 LCSP) mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados para terceros de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto de la concesión (gestión de residencias de mayores y de centros de día) en el curso de, como máximo los tres últimos años, o la gestión de residencias de mayores o centros de día propios. Los servicios o trabajos efectuados para terceros se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. En residencias o centros propios, se acreditará con las Cuentas Anuales y declaración responsable. Se considerará que el empresario dispone de la solvencia técnica exigida si al menos ha gestionado o dirigido durante tres años residencias de mayores y centros de día, con una facturación mínima, en el año de mayor facturación de los últimos tres, de 1.331.896,10 €.

Según pliego

Importe mínimo del Patrimonio Neto en el último ejercicio para el que esté vencida la obligación de aprobación de las cuentas anuales por importe igual o superior a 665.948,05 €. Con carácter previo a la adjudicación se requerirán las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, sus libros de inventarios y los libros de contabilidad debidamente legalizados. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario. (art. 87.2 LCSP).