Mantenimiento de licencias de uso y soporte avanzado del Sistema de Registro Único (SIRCYL) y del Sistema de Referencia Única (SistRef), de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. — Exp. 376787-2026

Experiencia en trabajos similares

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.1 a) de la LCSP la acreditación de la solvencia técnica se efectuará mediante una relación firmada de los principales servicios o trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, realizados en los últimos tres años (2023, 2024 y 2025), que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, por importe mínimo acumulado de, al menos, 69.679,00 €, IVA no incluido. A requerimiento del órgano de contratación, los servicios o trabajos realizados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Para determinar que un suministro es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato se atenderá a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV.

Volumen anual de negocios

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87.1 a) de la LCSP la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos (2023, 2024 y 2025), sea igual o superior a 411.329,00 €, IVA no incluido. En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de Castilla y León, acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario.