Servicio de impresión digital e instalación de moqueta en los actos institucionales que se soliciten por la Consejería de la Presidencia — Exp. A2025/000027

Experiencia en trabajos similares

Relación de los principales servicios realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años (2021, 2022 y 2023), en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. El importe anual acumulado deberá ser igual o superior a 44.140,50 €, IVA excluido. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Entidades Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de Castilla y León, acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia técnica o profesional de la entidad.

Volumen anual de negocios

El volumen anual de negocios del licitador se acreditará a través de una declaración responsable del empresario sobre el volumen global de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido al mejor de los tres últimos ejercicios (2021, 2022 y 2023), por un importe igual o superior a 94.600,00€, IVA excluido. En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario.