Realización de la encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España (ESTUDES) 2023.

Experiencia en trabajos similares

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.4 del Real Decreto 1098/2001, de 11 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se deberá aportar una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los del presente contrato en el curso de, como máximo, los cinco últimos años, en la que se indique el importe, fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Como requisito mínimo se establece que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato; es decir, igual o superior a 168.000 euros (más IVA). Se acreditará mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste, o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder el mismo que acrediten la realización de la prestación. Asimismo, la solvencia exigida anteriormente podrá acreditarse mediante la presentación del certificado de clasificación de la empresa en el Grupo L, Subgrupo 3, Categoría 2.

Volumen anual de negocios

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.4 del Real Decreto 1098/2001, de 11 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se deberá acreditar que el volumen anual de negocios en el ámbito a que se refiere el presente contrato, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos años concluidos, sea de al menos una vez y media el valor estimado del contrato; es decir, al menos de 360.000 euros (más IVA). Se acreditará según lo establecido en el artículo 87.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.